El 13.5% de la población económicamente activa del país se dedica a actividades agropecuarias y genera un poco más del 3.4% del Producto Interno Bruto total, según estadísticas del INEGI.  Con estas cifras fue inminente que se procuraran nuevas alternativas para el desarrollo del sector agropecuario sentadas en nuevas bases: buscando una mayor integración a la economía internacional, hacer más eficiente la operación y alcanzar certidumbre en el sector macroeconómico; dejando atrás el esquema de política basado en la intervención estatal en los mercados agropecuarios, subsidios en los insumos y protección comercial.

La modernización del campo es una tarea que está en sus inicios. La transición hacia una modelo de desarrollo descentralizado que originalmente se manejaba con una gran participación estatal nos lleva a la búsqueda de soluciones acertadas donde la comunicación entre autoridades y sector productivo es básica para alcanzarlo.

En el período 2000-2006 se impulsó la creación y el desarrollo de intermediarios financieros privado (sofoles, cajas de ahorro, uniones de crédito, etc.), se diseñaron productos financieros específicos a las necesidades, se crearon instituciones que enfatizaron la identificaciones de sectores objetivo (Financiera Rural, Bansefi, etc.) y todo esto, con el fin de mejorar la asignación de recursos al sector agropecuario y poder facilitar los procesos de inversión y reconversión productiva.